Vía libre a especuladores
Reporte publicado en el semanario de análisis político PROCESO
en su sección de Economía, por Jesusa Cervantes
El incremento en el precio de la tortilla no se debió, como sostiene el gobierno, a que haya aumentado el precio del grano en el mercado internacional. El alza, sostienen legisladores, líderes campesinos y especialistas en la materia, se originó por la especulación que realizan empresas trasnacionales que operan en México, con la complacencia del gobierno que pretende imponer las reglas del libre mercado, incluso en los productos básicos. A menos de dos meses de haber iniciado su gobierno, Felipe Calderón comienza el pago de las primeras facturas mediante la aplicación de una política económica que beneficia a los grandes grupos empresariales de México y afecta a las mayorías.
La firma del acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla y frenar la escalada de precios de otros productos sólo oficializó el aumento de 6 a 8 pesos el kilo de tortilla. De esta manera, Calderón puso en marcha nuevos mecanismos para la comercialización de los productos básicos.
El plan del presidente para detener la carrera alcista permitirá a los dueños de Bimbo, Maseca, Minsa y Cargill obtener jugosas ganancias, señala Enrique Pérez, presidente nacional de los consejos comunitarios de Diconsa. Los propietarios de estas empresas, dice, colocarán en el mercado las toneladas de maíz blanco que tienen en su poder y venderán el maíz amarillo para consumo humano. También se les permitirá incrementar sus importaciones del grano, y serán ellos quienes lo vendan a la población.
El gobierno aseguró que el alza a la tortilla se debe al incremento en los precios internacionales del maíz, aunque Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, lo desmintió al afirmar que el aumento se debe a las “acciones de los especuladores y acaparadores”.
El miércoles 17, los senadores del PRI y del PRD, Carlos Lozano y Ricardo Monreal, respectivamente, revelaron que Maseca, Minsa y Cargill acapararon toneladas de maíz, lo cual encareció el precio del grano y ocasionó el aumento en el precio del kilo de tortilla.
Pero no sólo eso, estas mismas empresas exportaron maíz blanco
valiéndose de subsidios que el propio gobierno les dio.
Carlos Rojas, diputado federal priista, exsecretario de Desarrollo Social y especialista en el tema, dice que “un gobierno responsable tiene que mantener ciertos márgenes de seguridad alimentaria. Pero seguramente han de haber disminuido las reservas estratégicas del maíz y hoy están en manos privadas. Eso el gobierno lo toleró, pero con un pecado adicional, permitió a estos grandes grupos empresariales la exportación de maíz blanco”.
A su vez, Carlos Lozano revela que con el apoyo del gobierno mexicano la empresa trasnacional Cargill, con sede en México, recibió grandes subsidios para que exportara maíz blanco mexicano a Sudáfrica. Y agrega: “Los permisos autorizados hablan de un monto mayor de 250 mil toneladas con un subsidio de cerca de 50 millones de pesos”.
El programa del gobierno, anunciado la mañana del jueves 18, contempla que los agentes comerciales como Maseca, Minsa y Cargill vendan la tonelada de maíz blanco a 3 mil 500 pesos y que Bimbo coloque su tortilla Milpa Real a 8.50 pesos, mientras que a Diconsa la obligará a vender su kilo de maíz blanco a 3.50 pesos, sin ganancia alguna para esta empresa.
Samuel Aguilar, diputado priista, dice que establecer un pacto con los comercializadores de maíz sólo muestra “que el gobierno federal cedió a las presiones de los especuladores y acaparadores” y lo resume así: “signar un convenio con los dueños de Minsa y Maseca es dejar la Iglesia en manos de Lutero”.
El pacto
El acuerdo de Felipe Calderón tiene dos ejes centrales: que el precio del kilo de tortilla no rebase los 8.50 pesos, y que los encargados de abastecerla sean, de parte del gobierno, Diconsa, y del libre mercado, los comercializadores Bimbo, Maseca, Minsa y Cargill.
Pero el problema, explica Enrique Pérez, es que Diconsa representa a las comunidades más pobres del país, “no sabemos hasta dónde los van a subsidiar a ellos. Es claro que les van a dar un subsidio por eso se dice que quienes van a ganar con este acuerdo son los especuladores, los mismos que almacenaron el maíz”.
Y detalla: “Minsa, Maseca, Bimbo, Cargill, ya tienen el producto y sólo lo van a vender; es decir, se les va a asegurar su venta. Así, no sabemos si a ellos les cuesta 10 pesos producir un kilo de tortilla, pero como lo venderán a 8, pues desconocemos si el gobierno les va a restituir los 2 pesos. Nosotros estamos seguros que sí se los van a dar”.
En cambio, explica, Diconsa, que cuenta con más de 22 mil tiendas distribuidas en las zonas rurales, no tiene el maíz. “Luego del acuerdo, el director de Diconsa nos dijo que Hacienda nos va a prestar 630 millones de pesos para comprar maíz y que éste lo vamos a vender a 3.50 pesos por kilo, pero sólo fue de palabra, porque no nos enseñó ningún documento que nos asegure que así se hará y además les tenemos que regresar el préstamo”.
Dice que si las tiendas Diconsa no llegan a tener el maíz a tiempo, la gente aunque está acostumbrada a comprar su producto, si no lo encuentra acudirá al tendajón de la comunidad a comprar a 8 pesos el kilo de tortilla que Bimbo ya se comprometió a colocar entre sus 300 mil puntos de distribución.
Aunque de esta manera el abasto de maíz queda garantizado existe otro problema en las comunidades y es que, según explicación de Enrique Pérez, de lo que vende Diconsa 5% se queda para trabajos de la comunidad. “Y es claro que Bimbo no nos dejará un 5% de sus ventas; ahí sólo ellos ganan”, dice.
Desde agosto de 2006 Bimbo dejó de vender tortillas Milpa Real producidas con maíz blanco; ahora las elabora con maíz amarillo, insumo de menor calidad y que tradicionalmente ha sido destinado para el consumo animal.
Explica Enrique Pérez –quien acompañado por los representantes de Durango, Tlaxcala, Guanajuato, Colima, San Luis Potosí, Nuevo León y Veracruz que se manifestó contra la intervención de Bimbo para el abasto de emergencia–, que Liconsa cuenta con 3 mil puntos de venta en la zona urbana y que si el gobierno realmente quisiera ayudar a la población podría modificar, de manera excepcional, las reglas de operación y permitir un convenio entre Diconsa y Liconsa para que esta última distribuya el kilo de maíz en las ciudades, sobre todo en las zonas de extrema pobreza.
Esta gente, dice, hará un esfuerzo adicional para adquirir el kilo de tortilla de Bimbo a 8 pesos o el de algunas de las tortillerías que firmaron el acuerdo. Sólo como dato, hay que recordar que únicamente 5 mil establecimientos signaron el acuerdo, de las más de 65 mil tortillerías que existen en el país.
A las ganancias seguras que tendrá Bimbo en detrimento de
la población se suma otro problema: la calidad del producto.
De acuerdo con el último estudio que realizaron el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de Salud Pública, a la tortilla que hasta 2001 el gobierno subsidió y a la que elaboran las tortillerías, su nivel nutricional es muy elevado.
El documento llamado El subsidio a la tortilla en México: ¿un programa nutricional o económico?, establece que “aproximadamente el 45% de la población de los estratos bajos obtienen su aporte energético a través de la tortilla, siendo ésta fuente principal de energía, calcio y fibra.
“En resumen, la tortilla continúa siendo un producto base de los habitantes de las zonas urbanas más pobres del país, que sin duda apoya de manera importante la nutrición y alimentación de los mexicanos.
“Este estudio muestra que el programa de subsidio a la tortilla (Fidelist) contribuye de manera importante en la economía de la población de escasos recursos y se asocia con mejores condiciones de nutrición de los niños. Confirma que desde el punto de vista nutricional y económico, la tortilla es uno de los mejores alimentos”.
Conviene recordar que impulsado por el PAN el gobierno eliminó el subsidio a la tortilla en 1998.
En contraparte, la tortilla que Bimbo elabora, en el caso de la de maíz blanco, está preparada con “harina nixtamalizada”, que no es otro proceso que el remojo del maíz hasta que se aceda, luego se tritura y se le echa cal. No se tiene la certeza de si el olote también se muele incluyéndolo en la masa para lograr mayor volumen.
En un recorrido por varias tiendas de la zona urbana se constató que desde agosto del año pasado Bimbo ya no entrega tortilla de maíz blanco sino amarillo, el cual es de menor calidad, máxime si se compara con el maíz blanco que se utiliza en las tortillerías o el que abastece Diconsa.
Una política de destrucción
Para el exsecretario de Sedesol, Carlos Rojas, el gobierno de Calderón “no reaccionó con eficacia ante el alza de la tortilla”.
Asegura que “el Estado tiene los instrumentos necesarios para meter orden, sobre todo a Maseca y Minsa.“Calderón cayó en omisión y en una grave irresponsabilidad al no actuar ante un problema que era evidente, aun cuando tenía información, pues Eduardo Sojo, su secretario de Economía, formó parte del gabinete económico del sexenio anterior y del equipo de transición. No pueden decir que desconocían la situación del mercado.”
Indignado, comenta: “ahora resulta que estos que acapararon el maíz van a importar más y luego lo van a vender a la población”.
Explica que estas acciones del gobierno de Calderón son parte de la tendencia que desde hace 10 años inició el gobierno en turno: que el subsidio se entregue de manera focalizada, de manera individual, evitando el apoyo a la comunidad en general.
Lo que hace Calderón, dice, no es otra cosa que matar a Liconsa (encargada de distribuir leche subsidiada a la gente de extrema pobreza) y estrangular a Diconsa. Y abunda: su política social y de precios es “que la gente se las arregle como pueda ante las reglas del libre mercado”.
Una muestra de la falta de apoyo a la política social la ofrecen los representantes de Diconsa en comunidades de siete estados, quienes comentan que aun antes de que se presentara el problema de la tortilla ellos manifestaron su preocupación por el abasto del maíz en las tiendas Diconsa (tiendas del gobierno que abastecen los productos de la canasta básica en la zona rural, entre éstos el maíz).
Explican que Calderón envió un presupuesto menor para Diconsa. En 2006 este organismo recibió mil 250 millones de pesos; la propuesta de Calderón para 2007 fue menor en 50%: 600 millones de pesos.
El presidente nacional de los consejos comunitarios de Diconsa, señala: “A nosotros nos interesaba que se etiquetara todo por la bronca del maíz que ya tenemos encima. Pedimos que se hiciera un padrón de beneficiados, porque ahora que nos dicen que vamos a venderlo a 3.50 pesos el kilo, si no hay un control puede haber desvíos o incluso se puede acaparar y luego esta misma gente venderlo más caro a la propia comunidad”.
A pesar de ello, el gobierno de Calderón no etiquetó los recursos; de los 750 millones de pesos que son para abasto sólo etiquetó 50 millones y nada es para la compra de maíz, únicamente se destinarán recursos para el mantenimiento de la flota vehicular.
Lo que más preocupa a los consejeros comunitarios de Diconsa es el posible acaparamiento del maíz. Esta misma situación alerta al diputado Carlos Rojas, por la forma en que han actuado los principales beneficiarios por el acuerdo de Calderón.
Según el convenio, el gobierno va a autorizar una importación de 750
toneladas de maíz blanco y 2 millones 850 mil toneladas de maíz amarillo para el ganado. El acuerdo establece que la importación provenga de Estados Unidos, “así como de cualquier otra parte del mundo”.
Según información de la Secretaría de Economía, los grandes importadores de maíz blanco y amarillo han sido Maseca, Minsa y Cargill. Por ejemplo, en 2001 Maseca importó 464 mil 387 toneladas y Minsa 124 mil 706 toneladas para elaborar harina. Para la masa y tortilla Cargill importó 16 mil 408 toneladas, Maseca 10 mil 422 y Portimex, otra de las empresas que firmó el acuerdo con Calderón, 5 mil 313 toneladas. Los mismos datos muestran que de 2002 a la fecha la importación ha disminuido.
Carlos Salazar, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, explica que abrir la importación no soluciona el problema del aumento en la tortilla. Incluso considera que se trata de un “anuncio mediático”.
Indica que en octubre de 2006 el gobierno autorizó a Maseca y Minsa la importación de 50 mil toneladas de maíz blanco de Estados Unidos, “pero apenas pudieron traerse 35 mil toneladas, porque no hay grano en ese país. Entonces qué van a importar; ¿maíz amarillo para el consumo humano? En Estados Unidos 70% de este maíz es transgénico y no está permitido en México para consumo humano. Además, viene con muy mala calidad. Van a provocar un problema de salud”.
Agrega que cuando los productores mexicanos terminaron de cosechar “nos compran los harineros y los nixtamaleros, pero un gran volumen lo compran los intermediarios, los comercializadores como Cargill y otras grandes almacenadoras que compran y se esperan a que empiece a escasear el maíz que nosotros les vendemos directamente, y es cuando empiezan a sacar la tonelada a mayor precio”.
Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, asegura que lo que hoy está ocurriendo no es más que “un fenómeno de especulación abierta, grotesca, porque no hay escasez de maíz. Tenemos una cosecha abundante de maíz blanco. Los productores estuvieron vendiendo a mil 800 pesos la tonelada, por eso no se justifica el aumento desmesurado en el kilo de tortilla”.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez, sostiene que el gobierno ha apoyado a grupos como Maseca, Minsa o Cargill. Y da ejemplos: “Teniendo excedentes en Sinaloa para consumo humano se provoca una escasez artificial para el mercado nacional porque Aserca (apoyos y servicios a la comercialización, que depende de Sagarpa), subsidió el año pasado importaciones de maíz blanco para abastecer a plantas de Maseca y Minsa.
También subsidió al sector pecuario para quitar 700 mil toneladas para consumo humano, con el cuento de que hay excedentes de maíz blanco”. Y añade: “Lo que estas grandes comercializadoras adquirieron a mil 600 pesos por tonelada de maíz, hoy lo están vendiendo a 3 mil 400 pesos y más”.
Estos mismos son los que volverán a importar y quienes a su vez venderán a precio caro gracias al acuerdo firmado con Felipe Calderón Hinojosa.
Pero si el problema lo enfrenta un producto básico como la tortilla, existen otros que no se quedan atrás y se ven afectados por la política social instrumentada por Calderón. Es el caso de la leche Liconsa destinada a gente de escasos recursos.
El gobierno federal incrementó de 3.50 a 4.50 pesos el litro de leche. La Cámara de Diputados aprobó un subsidio de 500 millones para Liconsa –Felipe Calderón envió su presupuesto en ceros–, para que se absorbieran 50 centavos del incremento y dejar el litro en 4 pesos.
Sin embargo, el gobierno calderonista rechazó aplicar dichos recursos para el subsidio. Después de varios días de negociación los diputados lograron que se aceptara pero, a cambio, Calderón impuso un aumento anual en el litro de leche equivalente a la inflación.
Su argumento fue que la empresa podría llegar a números rojos si no se adoptaba esta medida. Sin embargo, en octubre pasado el director de Liconsa presumió ante los diputados federales las excelentes condiciones financieras de esta empresa e incluso habló de mejorar la tecnología para elaborar un producto de mejor calidad.
Al igual que en el caso de la tortilla, los diputados no pudieron hacer nada y se impuso la política social del actual gobierno.
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