Saturday, September 30, 2006

Bush: permiso para torturar


Bush: permiso para torturar

El día de ayer será recordado como una fecha trágica para Estados Unidos y para el resto del mundo: el Senado de ese país se plegó a las exigencias del gobierno de George Walker Bush y legalizó ­después de que, la víspera, la Cámara de Representantes hiciera otro tanto­ la liquidación de los derechos humanos de los sospechosos de terrorismo. En adelante, será legal la detención de una persona por tiempo indefinido y sin presentación de cargos, será legal el uso de pruebas obtenidas mediante coerción y serán legales prácticas de interrogatorio como la privación de sueño por periodos prolongados o exponer a los interrogados a bajas temperaturas. Para aprobar semejantes atrocidades, los legisladores del país vecino recurrieron a una argucia simple: manifestar que tales tormentos no se llaman tortura.

La aprobación de estas medidas marca un retroceso sin precedente en materia de derechos humanos, garantías individuales y libertades, una recaída en la barbarie comparable a las disposiciones de segregación adoptadas en la Alemania nazi y en la Sudáfrica racista, y se traduce en un estado de indefensión jurídica para cualquier habitante de este planeta que tenga la desgracia de ser considerado sospechoso de terrorismo o potencial "combatiente enemigo" a discreción de cualquier oficial del gobierno estadunidense. Con esta disposición denominada "Ley sobre Comisiones Militares de 2006", muchos de los atropellos perpetrados en Abu Ghraib y Guantánamo pueden ya ser tomados como práctica válida y rutinaria.
Bush no pudo ocultar la verdadera dimensión de estas normas: los interrogadores estadunidenses, dijo, "no quieren que los juzguen como criminales de guerra". Para calmar esas inquietudes, en suma, se procedió a legalizar algunos crímenes de guerra.

Mal harían los ciudadanos del país vecino en suponer que esa legislación monstruosa será aplicada exclusivamente a extranjeros. Más temprano que tarde, el permiso para torturar será empleado contra los propios estadunidenses, por más que, en lo inmediato, son ciertamente los nacionales de otros países los que se encuentran en mayor peligro.

No se requiere demasiada perspicacia para prever que la "Ley sobre Comisiones Militares" prefigura, en primer lugar, una nueva oleada de violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente y en el mundo islámico. Pero tampoco es necesario un alarde de imaginación para percibir la amenaza que la disposición representa para los trabajadores mexicanos y latinoamericanos que acuden al territorio del país vecino en busca de oportunidades laborales: las acusaciones por sospecha de terrorismo se pueden formalizar sin ningún requerimiento específico y serán susceptibles, por ello, de ser empleadas en la persecución de extranjeros indocumentados, por más inverosímiles que resulten. Por lo demás, los tribunales militares autorizados para juzgar a las víctimas de la prepotencia y el autoritarismo de la administración Bush no sancionarán los abusos de poder, los atropellos y las extralimitaciones de los acusadores, toda vez que esos actos han quedado de antemano exculpados por la ley aprobada ayer.

Por lo que hace a México, la circunstancia requiere de un gobierno firme, comprometido con la defensa de los derechos de los connacionales y dispuesto a enfrentarse a Washington para preservar la integridad y los derechos de los ciudadanos mexicanos. Por desgracia, el grupo en el poder y el proyecto continuista de la reacción gobernante no se han caracterizado precisamente por la firmeza en la defensa de los connacionales, sino más bien por el entreguismo y el servilismo en sus relaciones con la potencia vecina.

Finalmente, cabe esperar que el permiso para torturar extendido ayer por el Capitolio a la Casa Blanca lleve a la ciudadanía estadunidense a reflexionar sobre la rápida conversión de su país en un Estado totalitario y policial, en un territorio de opresión y, aunque el nombre no guste, en un enorme campo de tortura.

Derechos humanos, de nuevo relegados

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) consolidaron ayer viernes, en la Cámara de Diputados, el reparto de las comisiones legislativas ordinarias tras semanas de negociaciones bipartidistas, marginando al Partido de la Revolución Democrática (PRD). De hecho, pasando por encima de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, ambas fuerzas políticas arrebataron al PRD la Comisión de Hacienda y le asignaron la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta situación, escandalosa de por sí, ya que constituye una afrenta a los principios básicos de una sana democracia, no sólo excluye a los perredistas de las comisiones más importantes, sino también los despoja de las que han sido sus banderas tradicionales de batalla, con las cuales se ha identificado una parte sustancial de la sociedad mexicana y que han sido piedra angular de los progresos democráticos en el país, como es el caso de los derechos humanos.

La Cámara de Diputados aprobó la integración de las 43 comisiones legislativas. Así se cumplió el deseo de panistas y priístas, quienes desde un inicio opinaron que a los perredistas les correspondían únicamente las llamadas comisiones sociales (Asuntos Indígenas, Cultura, Equidad y Género, Educación y Seguridad Social, así como las de Desarrollo Rural, Distrito Federal, Pesca, Turismo y la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación). Ello a pesar de que el PRD es la segunda fuerza electoral y de que el reparto de las comisiones se lleva a cabo con base en ciertas tradiciones y usos que en esta ocasión no han sido respetados.

Las que abordan temas de economía y gobierno, las cuales manejan los presupuestos más jugosos y tienen mayor peso político, quedaron en manos del binomio PAN-PRI: los panistas presidirán las de Presupuesto, Economía, Energía, Gobernación y Relaciones Exteriores, entre otras, y los priístas, las de Hacienda, Seguridad Pública y Comunicaciones, por citar algunas.

En este panorama, cabe resaltar el veto que el PRI impulsa contra la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra ­elegida senadora el pasado 2 de julio­, propuesta por el perredismo para encabezar la comisión de Justicia y Derechos Humanos, candidatura que marcaría un importante avance en esta materia en México y permitiría lanzar el mensaje a la nación de que la violación de los derechos humanos ya no quedaría en la impunidad, como ha sucedido hasta ahora.

Desde finales de la década de los 70, Rosario Ibarra de Piedra se ha dedicado a denunciar la guerra sucia en el país, lucha que abarca desde la represión de los movimientos sociales, la desaparición de centenares de activistas y opositores a los regímenes priístas que monopolizaron el poder durante más de 70 años ­entre ellos uno de sus propios hijos­ hasta la impunidad de funcionarios y agentes de seguridad que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, entre otros crímenes de lesa humanidad. En el contexto de esta lucha, fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, comúnmente conocido como Comité Eureka, el cual preside hasta la fecha, y fue postulada, en 1988, a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (la primera mujer en la historia del país en buscar este cargo).

Se trata, pues, de una luchadora social que ha sido precursora en la defensa de las garantías individuales, que se ha constituido en un obligado referente moral y se ha erigido en uno de los máximos exponentes de la izquierda mexicana: una persona ideal para presidir la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En ese aspecto, cobran mucho sentido las declaraciones del perredista Ricardo Monreal Avila, quien calificó el veto del PRI de "inaceptable", ya que Ibarra de Piedra representa a una parte de la sociedad que exige justicia y el fin de la impunidad, y ahora ha sido excluida con la negativa del PRI.

Por ello queda claro que para el PRI y PAN el castigo de los crímenes del pasado y la defensa efectiva de los derechos humanos no son asignaturas de relevancia.

Editorial de La jornada,
Sábado 30 de septiembre de 2006

Sunday, September 17, 2006

Sentido y alcances de la convención


Sentido y alcances de la convención
Por Antonio Gershenson

Después de más de mes y medio de vivir en un campamento, ocupando desde el Zócalo hasta Reforma y Periférico, se plantea una convención que aprueba un programa muy amplio y formaría una especie de gobierno alternativo. Difícilmente se podría comprender esto sin considerar, por un lado, el tremendo apoyo a López Obrador, que en este caso se complementa por el gobierno de la ciudad que, obviamente, no se presta para reprimir, y que actúa como negociador entre el campamento y el gobierno federal. Por otro, se entiende que esto suceda por el desprestigio de Fox y del fraude.

Es más difícil aún impugnar estas medidas si se ve que ha logrado dos triunfos simbólicos que, además, habían sido mencionados por López Obrador cuando se conoció la ratificación del fraude: el Informe presidencial y el Grito de la Independencia. En ambos casos, pese a que el todavía presidente anunció como seguro que pronunciaría el discurso en San Lázaro, y que daría el Grito en el Zócalo, en ninguno de los casos lo pudo hacer.
A pesar del machaqueo por la televisión, según un diario, que ha estado contra AMLO pero informa más que la televisión o que el Reforma, 39 por ciento de los ciudadanos considera que la elección presidencial fue un fraude. Este porcentaje es mayor que el resultado oficial de la elección para el mismo López Obrador, que fue de 35 por ciento. De modo que no hay ningún desplome.

Reproduzco dos párrafos de un informe de AMLO en una asamblea informativa en el Zócalo:
"¿Qué significaría en la práctica si la convención decide constituir un gobierno? En primer término, esta decisión sería una manera de protestar, en el marco de la resistencia civil pacífica, ante el fraude y la ruptura del orden constitucional. Crear un gobierno significa protestar por la usurpación. Sería un acto permanente de desobediencia civil ante la violación a la voluntad popular y la usurpación. Sería una respuesta al hampa de la política por la falta de respeto al pueblo de México. En pocas palabras, sería un 'tengan para que aprendan'. Un 'tengan para que aprendan a respetar al pueblo de México'.

"Pero, además, un gobierno surgido de la convención tendría toda la legitimidad necesaria para llevar a la práctica acciones de apoyo y protección a los humildes y a los pobres de México, defendería el patrimonio nacional, combatiría la impunidad y la corrupción, haría valer el derecho a la información e insistiría constantemente en la transformación democrática de las instituciones."

De modo que tiene sentido lo que está ocurriendo. Hay quienes, considerándose a sí mismos como de izquierda, impugnan estos medios de lucha y sostienen que se debe reconocer el resultado oficial, incluso lo reconocen. Les recuerdo el fraude de 1988. La falta de una respuesta adecuada causó un desplome de la izquierda. Recuerdo que en mi distrito, que entonces era el 17, cuando se llamó a formar el PRD no acudió ninguna persona. Y la primera elección en la que participó este partido tuvo un resultado desastroso. Algo muy diferente de lo que estamos viviendo ahora.

Ya dentro de la discusión planteada antes y durante la convención, se ha hablado de reformar la Constitución, y también de formular una nueva. Quiero recordar cómo han sido las cosas en nuestras principales experiencias históricas al respecto.

Antes de formular una Constitución, Morelos tuvo una guerra de Independencia desde 1911, luego se formó el Congreso de Chilpancingo en 1913, y hasta octubre de 1914 se expidió la Constitución de Apatzingán. Y eso que no había ninguna antes, pues apenas empezaba a nacer como país independiente.

Antes de la Constitución de 1857, los liberales promulgaron la Ley Juárez, en 1855, aboliendo los fueros clerical y militar, y la Ley Lerdo, en 1856, obligando a la venta de todos los terrenos de la Iglesia que no tuvieran usos directamente religiosos. Pero todavía la Constitución mencionada era insuficiente, y en 1859 se promulgaron las Leyes de Reforma, confiscando bienes de la Iglesia, suprimiendo los monasterios, nacionalizando los cementerios e instituyendo el matrimonio civil.

Antes de la Constitución de 1917, y para no hablar de los años de guerra civil, se promulgaron, por Carranza, la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, y por los zapatistas, la Ley de Reforma Agraria del 28 de octubre del mismo año, mucho más avanzada. Es obvio que el problema agrario no podía esperar a que se elaborara una nueva Constitución.

De modo que si hablamos de plazos cortos o medios, lo que puede ocurrir son reformas a la Constitución. Y si se llega a una nueva Constitución, esto implicará ya un cierto grado de maduración del movimiento.
Países no alineados, la otra globalización

Concluyó ayer sábado la 14 conferencia cumbre del Movimiento de los Países no Alineados (Noal), celebrada en La Habana, Cuba. Esta reunión tiene especial significado por varios aspectos. Sin embargo, tal vez el punto más destacado es que demuestra que es posible impulsar otra globalización, que se finque en la solidaridad y no en el capitalismo salvaje, como la que imponen actualmente Estados Unidos y las potencias occidentales.

La cumbre, que contó con la asistencia de 56 jefes de Estado o de gobierno, abordó temas de actualidad mundial y latinoamericana y finalizó con excelentes expectativas, ante los acuerdos conseguidos en "un clima de unidad y cohesión sin precedente", según señaló el canciller cubano, Felipe Pérez Roque.

Para el funcionario cubano es claro: entre los No Alineados "habrá un antes y después de esta cumbre". Pérez Roque aseguró que las coincidencias existentes entre los estados miembros del movimiento permitirán "relanzar" al Noal, venido a menos tras la caída de la Unión Soviética, a principios de los años 90.

Cabe recordar que el Movimiento de los Países no Alineados fue creado en 1956, con el objetivo de impulsar los principios de soberanía, independencia nacional, integridad territorial y autodeterminación, y la lucha contra el imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, racismo y la ocupación y dominación extranjeras, en un contexto muy particular, caracterizado por el enfrentamiento de las dos grandes superpotencias ­Estados Unidos y la URSS­ y sus aliados.

La cumbre de Cuba mantiene esos objetivos, pero adecuados a las condiciones políticas, sociales y económicas de la actualidad. De hecho, la necesidad de inyectar vitalidad a la agrupación ­integrada por 118 estados­ en las condiciones del actual mundo unipolar resultó uno de los puntos de acuerdo unánime de la reunión.

En este sentido, los estados miembros del Noal aprobaron sendos acuerdos que contravienen el tipo de globalización impulsada desde Washington. Así, por ejemplo, la declaración final sostiene que "se deben respetar las decisiones que asuman los estados respecto del uso de la tecnología nuclear y sus políticas sobre el ciclo del combustible atómico, en referencia especial al caso iraní". Ese país está luchando para ejercer su derecho a la energía nuclear, ante la oposición de Estados Unidos y sus aliados, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía Atómica aseguró recientemente que Irán no está desarrollando energía nuclear con fines bélicos.

Asimismo, los Noal incluyeron un acuerdo que reconoce que "no hay un modelo único de democracia y que ésta no es patrimonio de país o región alguno", en clara alusión a las pretensiones de la Casa Blanca por imponer su modelo democrático, incluso por la fuerza, como en Irak.

Además, la cumbre apoyó proyectos contra el bloqueo estadunidense a Cuba, las campañas de desprestigio hacia los gobiernos de Venezuela y Bolivia y cualquier forma de terrorismo.

Más allá de los resultados concretos de la cumbre, la reunión de los Noal otorga fuerte impulso a la solidaridad como valor fundamental en la relación entre las naciones. De esta manera, los Noal demuestran que es posible otra globalización, alejada del modelo impulsado desde Washington, que ha profundizado la criminal desigualdad entre las potencias y los países subdesarrollados, afectando así a millones de personas en todo el mundo.

Editorial de La Jornada, 17 de

Destaca la prensa mundial:


El Mundo (España)
La izquierda mexicana proclama a López Obrador 'presidente legítimo' del país
Decenas de miles de izquierdistas mexicanos, que aseguran hubo fraude en las elecciones presidenciales de julio, han declarado al candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador, "presidente legítimo".


Los partidarios de López Obrador, congregados en la llamada Convención Nacional Democrática (CND) en el Zócalo -la principal plaza de la Ciudad de México- también han aprobado desconocer al gobierno del oficialista Felipe Calderón, quien ya fue declarado oficialmente presidente electo.

BBC News (Gran Bretaña)
Se agudiza crisis política mexicana

Los multitudinarios simpatizantes del derrotado candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador lo han "elegido" como el líder del gobierno paralelo.

Los asistentes a la Convención Nacional Democrática votaron por jurarlo como "presidente legítimo" el 20 de noviembre, 11 días antes que Calderón sea nombrado oficialmente.


Univison (EU) López Obrador "presidente legítimo"

Los delegados desconocieron a Felipe Calderón como presidente de México, así como los funcionarios que nombre en su gabinete.

Durante la convención, convocada por los militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece López Obrador, rechazaron una República simulada y declararon la abolición del régimen de corrupción y privilegios, que se han dado en el gobierno de México.

La Hora (Ecuador)

Masivo foro proclama a López Obrador como "legítimo presidente" de México

Una masiva asamblea de la izquierda mexicana proclamó este sábado a su líder Andrés Manuel López Obrador como "presidente legítimo" del país y desconoció al conservador Felipe Calderón como mandatario electo, al considerar fraudulento el resultado oficial de las elecciones de julio.

Centenares de miles manifestantes congregados en la plaza central de la capital mexicana votaron a López Obrador como "presidente legítimo de México" frente a la opción de ser declarado "coordinador de la resistencia civil pacífica".

El País (España)

López Obrador se proclama "presidente legítimo" de México ante una multitud

Andrés Manuel López Obrador, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, y candidato derrotado en las elecciones presidenciales del 2 de julio, fue proclamado "presidente legítimo de México" por cientos de miles de seguidores, convocados bajo el nombre de la Convención Nacional Democrática (CND) en la plaza del Zócalo de la capital de México.

Eran las siete y media de la tarde en México, y la una y media de la madrugada en la España peninsular. Brazo en alto, los cientos de miles de asistentes a la Convención votaron que el día 20 de noviembre a las tres de la tarde [diez de la noche en la España peninsular], López Obrador tome posesión de su cargo. La fecha está cargada de simbolismo: el 20 de noviembre es el aniversario de la Revolución mexicana.

Antes de que fuese proclamado presidente por sus partidarios, el grito que más se coreó fue precisamente ése: "¡Presidente, presidente, presidente!".

Expresa el Noal "firme apoyo" a pueblo y gobierno de Bolivia

a) Denuncia el presidente Evo Morales a grupos de su país que "quieren seguir siendo parásitos"
b) Fuerzas externas buscan desintegrar la nación y amenazan su democracia, afirma el mandatario
c) Demandan "solución aceptable" entre Marruecos y la República Arabe Saharaui Democrática
d) Respaldan también el derecho de Irán a desarrollar un programa de energía nuclear

El presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuvo este sábado un triunfo diplomático al recibir el apoyo de los países no alineados a su gobierno, "en momentos en que fuerzas externas pretenden desintegrar el país y poner en peligro su democracia".

La decimocuarta conferencia cumbre del Movimiento de Países no Alineados (Noal) concluyó este sábado con acuerdos de consenso que incluyen respaldar "de manera decidida y expresa al pueblo y al gobierno de Bolivia".
Morales habló al plenario de jefes de Estado y de gobierno esta tarde para agradecer el apoyo y reseñar su gestión, de la cual expresó que sólo puede entenderse como resultado de un movimiento popular.

"Gracias a ese pueblo estoy aquí con ustedes", afirmó. Añadió que en su país hay "resistencia de algunos grupos" que "quieren seguir siendo parásitos" y cuentan con "cooperantes externos".

Un párrafo de la declaración final del encuentro manifestó el "firme apoyo" del Noal "al proceso en curso en la República de Bolivia, dirigido a garantizar que toda la población disfrute de una participación real y efectiva en los asuntos del país, sin ningún tipo de exclusión o discriminación, así como a lograr el ejercicio de la soberanía plena sobre sus recursos naturales, en beneficio de todos los bolivianos".

El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, informó a la prensa que asistieron a la cumbre 56 jefes de Estado o de gobierno miembros del movimiento.

Los mandatarios trabajaron en "un clima de unidad y cohesión sin precedente", para lograr "consensos incluso en los temas más delicados y controversiales", abundó.

La reunión de cancilleres concluyó en la noche del viernes los proyectos de acuerdos que fueron presentados a la sesión final de la cumbre el sábado, señaló el ministro de Relaciones Exteriores. Añadió que las coincidencias permitirán "relanzar" el movimiento y que entre los no alineados "habrá un antes y un después" de esta cumbre.

Respaldo y petición a Irán

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, logró un significativo espaldarazo del Noal a su reclamo de que sea respetado el derecho de su país a desarrollar un programa de energía nuclear con fines pacíficos, aunque el pronunciamiento que suscribieron los mandatarios, luego de un largo forcejeo, puso igual énfasis en un exhorto para que Teherán siga cooperando "con carácter urgente y de manera activa" con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). En su discurso central, el mandatario iraní había hecho una dura crítica al uso político de este instrumento verificador.

La declaración final, suscrita por los 118 países miembros, sostiene: "se deben respetar las decisiones que asuman los estados respecto del uso de la tecnología nuclear y sus políticas sobre el ciclo del combustible nuclear" y, en un obvio éxito de Teherán, enfatizó: "no debe existir presión o injerencia indebida en las actividades del organismo que ponga en peligro la eficiencia y credibilidad" de la AIEA.

Los mandatarios también "tomaron nota" de la valoración del director de organismo, que afirmó que el material nuclear declarado por Irán ya fue contabilizado, y "observaron" finalmente que el proceso para determinar que no existen materiales y actividades que Irán no haya declarado a esta agencia, como acusa Estados Unidos a priori, "es un proceso en curso y prolongado".

Con este aval, Ahmadinejad viajará a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde continuará el debate en otro contexto. Pero antes hará escala en Caracas. Este domingo el mandatario iraní acompañará de regreso a su país al presidente venezolano, Hugo Chávez, uno de los principales abogados de la causa iraní en esta cumbre.

Sin embargo, no fue el tema de Irán, con el cual Estados Unidos ha escalado su nivel de confrontación, el que costó el cabildeo más largo y complejo, sino el asunto de la República Arabe Saharaui Democrática (RASD) y el reconocimiento a su derecho a la autodeterminación.

La delegación de Marruecos, encabezada por el primer ministro Driss Jettou, se resistió a la demanda de una pequeña delegación del Frente Polisario que intentó que el Noal reconociera explícitamente su soberanía.
Al final, la declaración se pronunció por respaldar la gestión de la ONU y su enviado especial para "encontrar una solución aceptable" en el contexto de las resoluciones del organismo, que contemplan la realización de un referéndum para que los saharauies decidan sobre su pertenencia al reino marroquí.

Rabat ha obstaculizado este proceso de sufragio, lo que mantiene congelado desde hace cuatro años el proceso de negociación sobre los territorios de la RASD en poder de Marruecos.

No hay modelo único de democracia

Entre los acuerdos del Noal estuvo la formulación del concepto de "democracia", que polemiza con la noción comúnmente aceptada en Occidente.

El movimiento reconoció que "la democracia es un valor universal, basado en la voluntad del pueblo libremente expresada, de determinar su propio régimen político, económico, social y cultural y en su plena participación en todos los aspectos de su vida.

"Si bien todas las democracias tienen características comunes", los jefes de Estado y de gobierno convinieron en que "no hay un modelo único de democracia y que ésta no es patrimonio de país o región alguna".

En contraste, en la misma resolución los mandatarios "reafirmaron además la necesidad de respetar debidamente la soberanía y el derecho a la libre determinación. Expresaron su convicción de que la cooperación internacional para promover la democracia, partiendo de los respetos a los principios refrendados en la Carta de Naciones Unidas, así como los principios de transparencia, imparcialidad, no selectividad y participación, puede contribuir a alcanzar el objetivo de consolidar la democracia" a escalas nacional e internacional.

En un comentario al texto, Pérez Roque expresó que, de esa forma, "los no alineados no comulgan con la tesis de que las guerras preventivas, las cárceles secretas, los vuelos ilegales, la invasión de países y los cambios de régimen son el camino hacia la democracia".

Contra bloqueo a Cuba

La reunión también aprobó los conocidos proyectos de acuerdo contra el bloqueo estadunidense a Cuba, de apoyo al gobierno de Venezuela y de condena al terrorismo en todas sus formas, entre otros temas.

Aunque estaban listas las conclusiones de la cumbre, al cierre de esta edición seguía el desfile de oradores del debate general, a la espera de la sesión de clausura, que se perfilaba para las últimas horas de este sábado.

Saturday, September 16, 2006

La gran mentira y las alternativas de un México democrático


La gran mentira y las alternativas de un México democrático
Pablo González Casanova, Gilberto López y Rivas y Luis Hernández Navarro

Es indudable que México ha sido víctima de una elección fraudulenta que tiene el respaldo abierto de las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos. Bajo la responsabilidad directa de Vicente Fox, ex gerente de Coca Cola; del gobierno que encabeza con antiguos empleados de compañías trasnacionales; del Partido Acción Nacional, controlado por quienes han traicionado sus propios proyectos de democratización; apoyado por los grandes patrones, los medios electrónicos y la gran prensa de México y el extranjero, el poder dominante ha impuesto como verdad la gran mentira de que Felipe Calderón -otro hombre de negocios público-privados- "triunfó" (mentira) en unas "elecciones transparentes" (mentira), que se niega a reconocer un líder "populista" (mentira), que "debería respetar las reglas de la democracia, y que por ambiciones personales no lo hace" (sarta de mentiras), el cual cuenta con el apoyo de "grupos de alborotadores que quieren imponer su voluntad sobre la de la mayoría, a los que alienta una "izquierda anticuada" que no corresponde a lo que (según ellos) debería ser "la izquierda moderna", y a quienes en realidad encabeza una plebe que ignora lo que es la democracia y la ciudadanía (sarta de mentiras de "segundo orden" en que se pretende "representar" lo que el depredador está usurpando).

En realidad, la gran mentira sobre los resultados electorales de 2006 oculta el proyecto de saqueo del petróleo y otros recursos naturales; la privatización de la electricidad y los servicios de salud y seguridad social, así como un nuevo aumento a la carga impositiva que pesa sobre la población de escasos recursos y sobre los pobres de México.

La gran mentira es parte de un proyecto de conquista y colonización del mundo, en que a las murallas de Jerusalén se añaden otras, como las que está construyendo el gobierno de Estados Unidos en más 3 mil kilómetros de la frontera con México. Esa muralla no sólo se construye tras el saqueo a que fue sometida la República Mexicana por Estados Unidos con el llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte; es también un claro indicador de las medidas complementarias con que la mismas fuerzas piensan ahora empobrecer todavía más al país y arrebatarle el resto del capital nacional y social que genera empleos.

La inmensa muralla que levanta Estados Unidos en la frontera con México corresponde a la decisión de reprimir "a como dé lugar" ("as necessary") a los millones y millones de mexicanos y mexicanas sin trabajo que pretendan salir de la ratonera de inseguridad, insalubridad, analfabetismo y miseria en que muy bien saben que van a convertir a México, como "efecto lateral" del gran saqueo y represión que ya anuncia el presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en discursos dizque "institucionales", "conciliadores" y "democráticos" que, como primera opción, parecen partidarios de un "saqueo legal y pacífico".

La gran mentira entraña también declarar una "guerra justa" al pueblo de México y a una ciudadanía que ha dado muestras de combatividad y creatividad ejemplares.

México, como ya ha ocurrido antes en su historia, está realizando una aportación notable a la historia universal. Hoy, el pueblo se encuentra en un proceso de redefinición de la democracia electoral. Al defender el voto como lo hace, bajo el clamor de "Sufragio efectivo y no imposición", lucha contra la democracia enajenada y por rescatar el poder del pueblo y la ciudadanía, que desde hace tanto tiempo detentan las mafias de las antiguas y nuevas oligarquías.

El pueblo mexicano también lucha (entre contradicciones) por estructurar su propio poder en formas no autoritarias, ni populistas ni totalitarias, y con profundo sentido democrático, nacional y de justicia social.
El voto, en un país de ciudadanos cuya inmensa mayoría está constituida por pobres y muy pobres, y por empobrecidos cada vez más numerosos, entraña un significado de libertad y justicia.


El voto, en un país de pobres no puede elegir -y no eligió- a un abierto representante de las mafias político-económicas del gran capital y las potencias imperialistas, que ayer como hoy atacan al pueblo y la ciudadanía de México desde Estados Unidos, España y Francia.

En las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador, para millones de mexicanos, ofrece una esperanza nacional y social frente a la abierta y agresiva amenaza de quien antes de llegar a la Presidencia usurpada, como Felipe Calderón, ya prometía entregar todo lo que él y los suyos no han podido malvender de México a las megaempresas imperiales y sus asociados y subordinados locales.

No cabe la menor duda de que el voto de la ciudadanía fue favorable a Andrés Manuel López Obrador. Defender su triunfo ha sido tarea de un pueblo pobre, de una ciudadanía de pobres apoyados por inmensos sectores de las clases medias empobrecidas, todos animados por los valores de la libertad, la justicia y la soberanía.

Las protestas y manifestaciones contra el fraude están redefiniendo el proyecto de Nación por miles y millones de habitantes.

Protestas y manifestaciones han puesto al orden del día la necesidad de llevar a la práctica una revolución democrática y pacífica que, partiendo de una democracia auténticamente representativa, se fortalezca con una democracia participativa y con una democracia de autonomías, cuya articulación permita organizarse desde los gobiernos locales hasta el nacional, con posibilidad de ampliaciones regionales y universales, objetivos que desde el siglo XIX hasta nuestros días se han planteado los pueblos mestizos e indígenas de México y América Latina y sus grandes líderes, desde Hidalgo, Bolívar y San Martín.

El nuevo movimiento ha redefinido la lucha. En su profundización, Andrés Manuel López Obrador ha mostrado innegable capacidad de liderazgo, que le ha permitido seguir las demandas del pueblo y de la ciudadanía. Tomarlas en cuenta para encauzar los nuevos pasos requiere una organización ciudadana que mantenga su autonomía y señale el rumbo del proceso.

En medio de contradicciones que un movimiento tan amplio entraña, el conjunto del actual proceso histórico revela, día a día, la creciente presencia del pueblo pobre y de las fuerzas progresistas y revolucionarias de México. De la resistencia muchos son los que han pasado a planteamientos que renuevan los grandes episodios de la historia nacional, desde la lucha de Benito Juárez contra los "imperialistas" y "retrógrados" de su tiempo, pasando por las de los revolucionarios que en Aguascalientes convocaron a una Convención Constituyente con las fuerzas de los más pobres entre los pobres, hasta las luchas representadas por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).

La historia se recrea, no se repite. En su recreación hace suyas las luchas del movimiento más avanzado de los pueblos de México, la de los pueblos indios encabezados en gran medida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hoy también organizados en el Congreso Nacional Indígena (CNI). Que los zapatistas busquen mantener la autonomía de su movimiento merece gran respeto. No los mueven razones o sentimientos mezquinos, y quienes así lo creen están muy equivocados. Desde las luchas por la Independencia de este país, en l810, todos los movimientos populares han convocado a los indios a la hora de las batallas y los han traicionado u olvidado a la hora de los triunfos. Los zapatistas de ayer y de hoy han vivido en su propia vida y en la de sus hijos el amargo sabor de la traición. Comprender y respetar su decisión de seguir su marcha -que es la nuestra- es una obligación fundamental, mínima, para la formación de un bloque histórico en México.

Hacer que las promesas de hoy se cumplan hoy, al iniciar los trabajos de la Convención Nacional Democrática (CND), no sólo consiste en formularlas verbalmente o en convocar a los pueblos indios a que participen. Consiste en el compromiso práctico de darles un lugar de mando en todas las decisiones nacionales, en demostrarles día a día que no se negocia con ellos para cooptarlos, que se asume con ellos la necesidad de incluirlos en las grandes decisiones con todos los pueblos y ciudadanos de México. Significa poner en práctica los acuerdos de San Andrés y reconocer el esfuerzo de unidad y representatividad del Congreso Nacional Indígena. Debemos respetar nosotros los acuerdos de San Andrés para que los respeten los demás. Precisar que son producto del consenso y la consulta amplia y representativa.

Los suscritos -adherentes de la otra campaña- consideramos que el EZLN ha planteado una nueva lucha desde lo local hasta lo global, al iniciar el nuevo movimiento por la autonomía de los pueblos indios, y por su articulación con los pobres entre los pobres, en un proyecto profundo anticapitalista. Ha hecho ver, con razón, que en más 500 años de desarrollo, ese modo de dominación y acumulación, movido por la lógica de las utilidades y el enriquecimiento personal o corporativo, siempre y en todas partes ha subdesarrollado un mundo periférico, marginado, excluido, superexplotado, hoy en gran parte sujeto a políticas de exterminio y saqueo.

Plantear desde ahora la necesidad de construir un sistema alternativo anticapitalista no debe ocultarnos, sin embargo, lo que está al orden del día en las luchas del pueblo mexicano y de muchos pueblos del mundo: construir con la democracia de las autonomías y de la dignidad una verdadera democracia de los pueblos, con los pueblos y para los pueblos, que ponga como uno de sus objetivos centrales la inclusión de los trabajadores organizados y no organizados, formales e informales, manuales e intelectuales en la toma de decisiones, así como el respeto a las distintas religiones, ideologías, civilizaciones, identidades, para una política en que las contradicciones en el interior del movimiento lleven cada vez más a la práctica de la libertad y de la justicia con respeto a los demás, y con un programa que incluya expresamente los principios no negociables.

Saber unirnos en medio de la diversidad es nuestro gran reto personal y colectivo. Lograr en la convención la unidad en la diversidad será su primer logro para el triunfo.

Calderón y Salinas


Calderón y Salinas
Por José Gil Olmos
La elección del pasado 2 de julio tendrá la mancha de la sospecha a pesar de todos los esfuerzos que hagan las autoridades electorales y gubernamentales por lavar su propia imagen.

Todo ha abonado a que esta sospecha crezca y a que el triunfo de Felipe Calderón no sea tomado como una victoria legítima, sino como un arribo al poder de manera espuria, es decir, falsa y fraudulenta. Por eso en la historia, la victoria que se le da a Calderón podrá ser comparada con la elección de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari le arrebató con un fraude el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas.

La petición denegada del IFE al recuento de los votos solicitada por Andrés Manuel López, la legitimación del triunfo de Calderón por parte del Tribunal Electoral, rechazando las pruebas de intervención del presidente Vicente Fox y los empresarios más poderosos del país, y la ultima decisión del IFE de rechazar la petición de Proceso y un grupo de ciudadanos para acceder a la revisión de las boletas electorales, son los tres principales elementos que hacen crecer la sospecha de que el triunfo del PAN no es legítimo.

Esta percepción no sólo la comparten los adversarios de Calderón, también entre muchos de los ciudadanos que le dieron su voto está la sensación de que algo no está bien en el triunfo del michoacano. Los defensores del ahora presidente electo no aguantan el cuestionamiento de por qué no se acepta el recuento de los votos o la revisión de las boletas electorales y al final admiten de manera incómoda que esto únicamente alimenta la sospechas del fraude.

El riesgo para la gobernabilidad que provoca esta situación para el próximo presidente es más que evidente. Cómo confiar en un personaje que llega a ocupar la máxima autoridad gubernamental, cargado de recelos sociales y de suspicacias políticas. El riesgo es que Calderón vaya a tratar de imitar a Salinas, quien ante la ilegitimidad de su triunfo actuó con la mano dura en contra de sus adversarios y de esa manera obtener la credibilidad social.

Pero Calderón no puede compararse con Salinas. La inteligencia de este último no la tiene el panista, tampoco sus alcances políticos, su preparación intelectual (doctorado en economía en Harvard) ni la concepción en el uso del poder del Estado. Menos se pueden comparar los equipos de uno y otro, es como tratar de equiparar a niños de párvulos con políticos de carrera.

Tal vez en lo único que se puedan comparar es en el despotismo con que ambos se conducen, aunque con una disparidad importante: Salinas era un político de estrategias, fue uno de los constructores del proyecto económico neoliberal, un hombre con una idea clara del ejercicio del poder del Estado, aunque muchas de las veces perversa. Mientras que a Calderón le faltan las ideas, no tiene la historia de un político de alturas, y no ha dejado ninguna huella que se recuerde en los puestos legislativos y gubernamentales por donde ha pasado.

Además, también a diferencia de Salinas, no se le ve fuerza como líder dentro de su propio partido, ya que Manuel Espino, el líder nacional del PAN, ha demostrado tener mayor pesos y tener intereses propios tanto al interior del partido como en el Congreso legislativo. Esto es, no se observa que haya una empatía entre el PAN y el gobierno de Calderón y, sin partido, un presidente no tiene la base natural para su administración.

Ante la ausencia de logros políticos y en medio de una circunstancia adversa por el descrédito de las elecciones, no se descarta que Calderón quiera repetir las formas con las que Salinas se legitimó hace 18 años: un “quinazo” con los hijos de Marta Sahagún, una inversión descomunal en programas sociales para hacerse de la simpatía de los sectores más desprotegidos, el arranque de una campaña de imagen en los medios, el lanzamiento de un paquete de propuestas de reformas constitucionales y el apropiamiento de la presidencia partidista.

Sin embargo se corre el riesgo del fracaso, porque ni Calderón es Salinas, ni las circunstancias de 1988 y el 2006 son las mismas, y tampoco enfrentan en la izquierda al mismo opositor: López Obrador no es “institucional” como lo fue Cuauhtémoc Cárdenas, y el tabasqueño está en víspera de organizar un gran movimiento nacional de oposición al gobierno de derecha del PAN.

Binvenido a Foxilandia

Foxilandia
Por Gerardo Albarrán de Alba *

Bienvenidos a Foxilandia, el país en marcha y en paz que asegura el presidente le dejará a su sucesor, mientras la violencia política en Oaxaca secuestra la paz social durante 115 días de manifestaciones que al principio eran por reivindicaciones sindicales y muy pronto devinieron en tomas de edificios públicos y estaciones de radio privadas, policías que acribillan a balazos los plantones y matan a seis personas, turbas que lo mismo arman barricadas incendiando autobuses o casi linchan a empleados públicos, y misteriosas guerrillas que aparecen y desaparecen de la noche a la mañana sembrando zozobra, ahora en demanda de que renuncie o destituyan al gobernador priista Ulises Ruiz que se aferra a un poder que no puede ejercer.

Bienvenidos al país del no pasa nada que presume el presidente ante la prensa extranjera, donde el crimen organizado ha ejecutado a más de mil personas en lo que va solamente de este año con una saña inaudita, como el comando que irrumpió en una discoteca de Uruapan y arrojó a la pista de baile las cabezas de cinco personas decapitadas en un ajuste de cuentas, o las otras dos cabezas que hace meses clavaron en picas a las puertas de la estación de policía de Acapulco en venganza por un operativo, o la docena de granadas de mano que han hecho estallar en varios cuarteles policiacos de esa misma ciudad en el último semestre, o las fosas con decenas de cadáveres con rastros de tortura que lo mismo aparecen en ciudades fronterizas con Estados Unidos que en el centro del país, o los asesinatos de media docena de directores de corporaciones policiacas en varios estados y hasta de un juez federal que negó la libertad a un narcotraficante, o el misterioso estrangulamiento del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, o los extraños atentados contra dos funcionarios públicos del sector financiero acribillados en plena calle de la capital federal la semana pasada, o los recurrentes enfrentamientos a tiros entre bandas fuertemente armadas, ya comunes en Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Guerrero…

Bienvenidos al país del surrealista equilibrio macroeconómico y la estabilidad financiera que alaba el Banco Mundial, pero que expulsa a 400 mil personas al año que migran hacia Estados Unidos en busca de los trabajos que aquí no encuentran, parte de los 40 millones de personas que sobreviven por debajo de la línea de la pobreza (la mitad, en la miseria extrema), y cuyas remesas –casi al nivel de las exportaciones petroleras– son las que verdaderamente sostienen la economía nacional, porque ese dinero sí llega a la gente.

Bienvenidos al país de las libertades pregonadas de dientes para afuera, donde el poder político se presta a cancelar al Canal 40 para entregárselo a TV Azteca, y modifica las leyes que regulan las concesiones públicas al antojo de los intereses de Televisa; donde la esposa del presidente demanda por daño moral a Proceso por publicar un documento escrito por ella misma como adelanto de un libro para el que abrió su vida privada pensando que sería una novela rosa, pero que en realidad la desnuda; y donde han sido asesinados 22 periodistas en lo que va del sexenio (la mitad, sólo en los últimos dos años) y otros dos fueron secuestrados hace meses y siguen desaparecidos, sin que nadie haya sido juzgado por estos crímenes.

Bienvenidos al país que se ufana de los demócratas de ocasión y las oportunidades para los que menos tienen, donde primero se privatiza impunemente la esperanza y luego se desata el encono social –si no mediante el fraude electoral, sí desde el ilegítimo avasallamiento desde el poder–, para que después venga el más rancio conservadurismo social, empresarial y político a demandar que el gobierno mande al Ejército y a la policía a que les parta ya toda su puta madre a esa pinche bola de nacos, indios muertos de hambre y desarrapados que bloqueó sus negocios y sus paseos por Reforma, el centro y el Zócalo capitalino durante mes y medio. (Y no soy yo quien dramatiza la vulgaridad, se lo escuché durante 48 días a gente común en los modernos centros comerciales, restaurantes, bares y cafeterías, que ahora celebran a medias haber recuperado por las buenas sus espacios cool.)Bienvenidos a un país que se pudre, carcomido por la ingobernabilidad, sin que nadie que pueda pretendiera hacer algo para evitarlo. ¡Carajo!

---* Gerardo Albarrán de Alba es coordinador de proyectos académicos de la revista Proceso. (Contacto: albarran@proceso.com.mx)

Thursday, September 14, 2006

Noal: contrapeso a la sinrazón

Noal: contrapeso a la sinrazón

En la 14 Cumbre de los Países No Alineados (Noal) que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, se ha dado muestra de la vigencia, la pertinencia y la necesidad, en el mundo contemporáneo, de ese foro que agrupa a 114 países en vías de desarrollo.

No está de más recordar que el Movimiento de los No Alineados fue fundado en un contexto internacional muy diferente al actual, cuando las relaciones planetarias estaban dominadas por la tensión entre las dos superpotencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial ­Estados Unidos y la Unión Soviética­ y los dos bloques geopolíticos articulados en torno a ellas. Para las naciones menos poderosas no resultaba fácil, en ese entorno, eludir una afiliación casi forzosa en uno de los dos grandes polos del poder mundial, mantener una política independiente, poner en práctica un modelo económico propio o ejercer la soberanía sin interferencias derivadas de los intereses estratégicos puestos en juego en el contexto de la guerra fría.

El colapso del bloque mundial que tenía su epicentro en Moscú y de las organizaciones que lo encarnaban ­el Pacto de Varsovia, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, la propia Unión Soviética­ significó, así fuera por mera pérdida de referentes, una crisis en el Movimiento de los No Alineados, crisis que se profundizó con la primera guerra emprendida por las potencias occidentales contra Irak y por el ensayo subsiguiente de establecer un "nuevo orden mundial", unipolar, neoliberal y formalmente democrático.

Muy pronto, sin embargo, se puso de manifiesto la incapacidad del capitalismo occidental triunfante para resolver los problemas más acuciantes de la mayor parte de la humanidad: deuda externa, estancamiento, desempleo y crisis recurrentes, en lo económico; pobreza, marginación, insalubridad, falta de educación y vivienda, en lo social, y persistencia de regímenes antidemocráticos, cuando no atrozmente dictatoriales, en lo político, así como la continuidad de buena parte de los añejos conflictos regionales y surgimiento de otros. Con la extinción del "socialismo real" y la imposición plena del llamado Consenso de Washington a buena parte del planeta, tales problemas no sólo no se resolvieron sino que, en muchos casos, se profundizaron y se hicieron más explosivos. Para colmo, la concentración de poderío político, militar, diplomático y económico en un solo país multiplicó y materializó las agresiones militares contra estados débiles.

En ese nuevo entorno ­el actual­, el Movimiento de los No Alineados constituye un factor fundamental de contrapeso a las desmedidas ambiciones imperiales de Estados Unidos y Europa occidental. Es significativo y alentador que el proyecto de declaración de la cumbre de La Habana rechace, uno por uno, los designios agresivos e injerencistas impulsados por el gobierno estadunidense contra una multitud de países: la República Islámica de Irán, Siria, Venezuela, Corea del Norte, Venezuela y la propia Cuba, y que rechace las bárbaras agresiones militares perpetradas por el régimen de Tel Aviv, en sintonía con Washington, contra los pueblos palestino y libanés.

En un entorno internacional en el que la "guerra contra el terrorismo" estadunidense pareciera contar con el respaldo de casi todo el mundo, es reconfortante constatar que 115 países ­las dos terceras partes de los integrantes de las Naciones Unidas­ se disponen a deslindarse de esa cruzada inmoral y genocida, y a desarticular el entramado ideológico que la sustenta: el terrorismo es condenable, señala el proyecto de declaración, "venga de donde venga" ­de los aparatos militares estadunidense e israelí, por ejemplo­, pero no es equiparable a "la legítima lucha de los pueblos bajo dominio colonial u ocupación extranjera", lo que reivindica a los movimientos de resistencia nacional que se enfrentan, en Afganistán e Irak, a los invasores estadunidenses y británicos. Por otra parte, el documento critica el engendro totalitario denominado "guerra preventiva" con el que el gobierno de George W. Bush ha buscado otorgar cobertura moral a sus guerras de saqueo y dominación en Medio Oriente y Asia central.

Finalmente, por lo que hace al país anfitrión, el encuentro de La Habana ha mostrado que el régimen cubano mantiene, en ausencia de Fidel Castro, apartado del poder por problemas de salud, plena capacidad de convocatoria y organización, un dato que debiera enfriar las prisas de la Casa Blanca por empezar a operar en la isla una "transición" que sería, en realidad, el regreso de Cuba a una oprobiosa circunstancia de sometimiento y dependencia.

Editorial de "La Jornada"
Jueves 14 de septiembre de 2006

Guía para delinquir impunemente

Guía para delinquir impunemente
Por Alvaro Delgado

El dictamen aprobado por los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el martes 5, es una pieza fascinante: constituye un catálogo muy recomendable para ejercer la ilegalidad y mantenerse impune. Es, también, una guía de buenos modales en las contiendas por un cargo de elección popular: ante embates de mentiras procede, nada más, poner la otra mejilla. Establece, además, que la búsqueda del voto no es una actividad para pobres: si alguien no cuenta con dinero o relaciones que lo doten de él, está condenado a la derrota. Quien incursione, de ahora en adelante, en una contienda electoral debe diseñar también, aun desde antes del inicio formal de la misma, una estrategia de acopio de pruebas porque, según los nuevos criterios del TEPJF, ya existe la certeza de que habrá fraude y debe probarlo a plenitud… o aguantarse.

Queda autorizada la intervención directa de autoridades de los tres niveles de gobierno, y de cualquier poder, en los procesos electorales y la contratación de tiempos en radio y televisión, cualquiera sea su monto e independientemente del patrocinio de organismos civiles o empresas mercantiles, siempre y cuando tal intervención no sea determinante para el resultado final.

Antes de esta extraordinaria sentencia del TEPJF --que por supuesto es definitiva e inatacable conforme a la Constitución-- estaban prohibidas las conductas descritas anteriormente. Ya no: sin mucha creatividad es posible incursionar en las anchas avenidas de la impunidad y, claro, conquistar o retener el poder político. Han quedado hechos trizas, de facto, los artículos constitucionales 33, que prohíbe a los extranjeros “inmiscuirse de ninguna manera en asuntos políticos del país”, y 9, que ordena que “solamente los ciudadanos de la República” pueden asociarse “para tomar parte en los asuntos políticos de país”. Los asesores extranjeros, que son ya insumo indispensable en las campañas, pueden trabajar a sus anchas.

Por decisión de los siete magistrados del TEPJF, seis de los cuales concluyen su lapso como autoridades --aunque ya tienen garantizada su pertenencia a la dorada alta burocracia--, los ciudadanos no tienen derecho a saber en qué sustentan sus decisiones, una opacidad igual que la del Instituto Federal Electoral (IFE).“El derecho a la información será garantizado por el Estado”, que establece el artículo 6 de la Constitución, en el ámbito electoral, está proscrito, porque las boletas electorales, a juicio de la burocracia del IFE, no son documentos y por tanto no caben en los supuestos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República tampoco es una instancia a la que los ciudadanos --ya no digamos los partidos o candidatos-- pueden recurrir para denunciar conductas ilícitas. Todo se vale. Ni modo. Hay que consagrarse a la simulación y al cinismo.

Esas son las lecciones de la sentencia de los siete magistrados del TEPJF que legalizaron el triunfo de Felipe Calderón y que rubrican un operativo de Estado que sólo los impostores, por ignorancia o interés faccioso, pueden ser capaces de justificar.

Para todos existe un premio. En el caso de los siete magistrados del TEPJF, las anchas avenidas de la alta burocracia --la dorada, que contrasta notablemente con la del grueso del personal-- están abiertas para ellos una vez cumplida su tarea. Uno de ellos, Alejandro Luna Ramos, para empezar será presidente de ese órgano jurisdiccional, que con un año en el cargo se convierte en decano y, por tanto, ostentará esa posición tan envidiable frente a los otros seis que serán propuestos por la SCJN y aprobados por dos terceras partes del Senado.Otro, con toda seguridad, será ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: lo más seguro es que sea Leonel Castillo, el presidente, aunque también aspira a esa posición Alfonsina Navarro quien, junto con Mauro Miguel Reyes Zapata, elaboró el dictamen aprobado por el pleno.

En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hay tres espacios, que serían cualquiera de los tres mencionados o José de Jesús Orozco. Y los dos restantes también tienen planes: a Fernando Ojesto, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le interesa ser director de la Facultad de Derecho, y Eloy Fuentes pretende ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.

De manera que los seis tienen futuro al cabo de cumplir una década con un salario mensual, acumulado, de casi 400 mil pesos. A esto se debe añadir el “bono de marcha”, un premio que se dan por decisión de ellos mismos, semejante al que se dieron los nueve consejeros del IFE y que fue de 404 mil 867 pesos. Nomás eso faltaba.

Apuntes

El gozo va más allá de Vicente Fox, Felipe Calderón y toda la camarilla del Partido Acción Nacional (PAN), esa clase política que ha sido muy competente para la estafa. Los magnates que patrocinan al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los membretes de la Organización Nacional del Yunque, de manera notable el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), ya diseñan el plan de gobierno y una de cuyas acciones inminentes es la aplicación, sin atenuantes, de la ley bajo la pantalla de que México exige paz y concordia. Llegó, con otro nombre, la disolución social. Igual que la mano tendida de Gustavo Díaz Ordaz…

No: el problema sigue siendo muy hondo y no se resuelve con la apabullante propaganda.

Dale pa´tras papaaaa!!!


“Dale pa’ tras, papá”
Por Jenaro Villamil

Si la picaresca política nacional no se agotó con Carlos Ahumada y su colección de videos incriminatorios, ahora tenemos una auténtica veta en los audioescándalos que vuelven a circular en torno al empresario poblano, Kamel Nacif, catapultado por su famosa frase de íntima complicidad con el mandatario estatal priista Mario Marín, “mi góber precioso”.

Ahora, la nueva saga se inaugura con el coordinador de la bancada en el PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, a quien el gusto por la permanencia transexenal en el poder le puede durar tan poco como la orden que le recetó telefónicamente el rey de la mezclilla: “dale pa’ tras, papá”.

Con la nueva grabación difundida este martes, el sexenio del teleprompter y de los videoescándalos culmina con una herencia maldita para el calderonismo, que más tarda en armar sus débiles alianzas legitimadoras que en desarmarlas aparatosamente por los escándalos mediáticos.No es casual la elección de Emilio Gamboa Patrón como protagonista central de esta nueva filtración, surgida en los entretelones del aparato de escucha de algún grupo de poder o mafia circundante.

En realidad, responde al clásico método del ajuste de cuentas que no necesita eliminar físicamente al adversario. Basta con crearle un aparatoso escándalo mediático e informativo para exhibir las entrañas de la politiquería mexicana que ha llevado al país al borde de la crisis sistémica.Gamboa Patrón responde a esa generación de hombres encumbrados desde hace 25 años que confundió la “operación política” con la corrupción política; la gestión del interés público con el intercambio de favores, el tráfico de intereses y la simulación de las convicciones. Aún más, la valentía de la periodista Lydia Cacho al denunciar en Los demonios del edén el entramado del crimen organizado a partir de la pornografía y el abuso de menores en Cancún, apuntó desde un principio a que esto sólo era posible con este sistema de complicidades políticas, económicas y delictivas. El hecho determinante no es si la filtración que involucra a Gamboa responde a una “verdadera canallada” o a “golpes bajos”, como fue la inmediata reacción del exsecretario particular de Miguel de la Madrid, exsecretario de Estado del salinismo, exsubsecretario de Gobernación zedillista, exsenador ampliamente vinculado a Televisa y promotor de la doctrina “del político bisagra”.

Lo grave es si a esa generación de políticos, que tan bien representa Gamboa Patrón, se les puede dejar el delicado proceso de transformación de las instituciones, de reformas profundas del sistema político que ya no da para más y de conducción de las negociaciones en el Congreso de la Unión.

Lo único que queda claro en este proceso es que las mafias políticas, al igual que en el caso del narcotráfico y sus siniestros mensajes de descabezamiento en Michoacán, están en proceso de recomposición. Las venganzas serán el pan de cada día. Ya se agotó el estilo de hacer política a partir del poder del picaporte, del intercambio de favores a cambio de prebendas, de encubrimientos delictivos al amparo de la impunidad que dan los fueros.

Como le diría el señor Kamel Nacif a Gamboa Patrón, o le dan “pa’tras” o comenzará a surgir el clamor ciudadano que se escuchó en Argentina al calor de la crisis política más grave en el país sudamericano: “¡Que se vayan todos!”.

Saturday, September 09, 2006

El desdén de Felipe


El desdén de Felipe
Por Carlos Acosta Córdova

Mal empieza Felipe Calderón. De manera contradictoria, ya en su calidad de presidente electo, usa un discurso conciliatorio, de llamados al diálogo pero, al mismo tiempo, antepone el desdén, con cierto dejo autoritario, por quien fue su principal contrincante, Andrés Manuel López Obrador y, en general, hacia la segunda fuerza política del país.

En su primera conferencia de prensa ya con esa investidura, a la que por cierto llegó –en la llamada “Oficina de Transición”-- con evidentes muestras de fastidio, el panista se mostró, por decirlo suave, imprudente, y de paso dejó entrever poca sinceridad en su insistente discurso en favor de la unidad y los acuerdos.

Luego de una breve introducción, dio paso a las preguntas de los reporteros. Y justo en la primera fue que se mostró como el Felipe de siempre, soberbio y desdeñoso. La pregunta fue directa: “Felipe: Andrés Manuel no te ha reconocido; Alejandro Encinas, tampoco. ¿Qué hacer ahora para poder negociar con una fuerza que, aparentemente, no te va a reconocer a lo largo de todo el sexenio? ¿Se puede gobernar así?”

Y cuando uno querría escuchar a un político congruente con su discurso público, a un político dispuesto a ganarse la confianza de la gran mayoría que no votó por él, a un político urgido de la credibilidad que no pudo darle el fallo del Tribunal Electoral, Felipe optó por una respuesta equivalente a un “me importa un comino que no me reconozcan”, o “me tiene sin cuidado lo que piensen otros”, o aun, de manera más coloquial, a un simple “me vale…”.

Respondió así de lacónico: “Quien decide quién es presidente electo de México es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… y el Tribunal ya lo ha hecho y eso es lo importante”.

Qué decepción. Independientemente de que no respondió el contenido y el fondo de la pregunta, ¿de veras puede Felipe desdeñar el peso político de López Obrador y su movimiento? ¿Puede hacer caso omiso de aspiraciones y anhelos de los millones de votantes que no sufragaron por él? Peor: ¿puede aspirar a los acuerdos que quiere, con esa actitud autoritaria, ajena a la concordia que se requiere en estos días? Con qué autoridad moral convoca “a todos los mexicanos, sin distingos”, a “construir juntos el proyecto de nación que queremos”.

Me parece que el problema es de estatura política y de una falta absoluta de sinceridad en sus llamados al diálogo. En la conferencia de prensa dio más muestras de que, en realidad, no le importa dialogar y llegar a acuerdos con sus adversarios más importantes. Aunque me temo que los medios no recogieron en su dimensión el fondo real de lo dicho por Calderón, y la prueba es que hoy ocuparon más espacios las notas que consignan las adhesiones y reconocimientos al recién nombrado presidente electo. Justo lo que quiere Calderón: sumar, en cantidad y no en calidad, para anular a su única oposición real.

También, en esa conferencia, Felipe dejó la impresión de que para él es suficiente y le basta con decir que siempre tiene la mano extendida y la puerta abierta al diálogo con todos los actores políticos. Si no se avanza, no es culpa de él. Son los otros los que no quieren acercarse, dialogar. Y que si no quieren hacerlo, no es problema suyo.

Antes de la sesión de preguntas y respuestas dijo: “Yo trabajaré permanentemente en franca disposición al diálogo; estaré abierto a ideas, a propuestas, a proyectos, a acuerdos. Estoy decidido a trabajar junto con el Congreso y con las fuerzas políticas que así quieran hacerlo, para engrandecer este país”. Otra vez: los que no quieran, que no lo hagan; es su problema.

No se ven allí argumentos de un político con aspiraciones de estadista, ni mucho menos de un hombre de Estado con la obligación de hacer más, de darlo todo, para lograr –dentro de la necesaria diversidad ideológica-- la unidad política que urge para el bien del país.

También se le olvidó a Felipe que ya no es candidato en campaña. Que ya es, por una decisión del Tribunal Electoral que no logró darle certidumbre al proceso y al resultado de las elecciones, el presidente electo del país. Cuidó las formas discursivas, pero no dejó de considerar a López Obrador como un irresponsable: “Hago votos para que los liderazgos políticos actúen con responsabilidad. La democracia requiere de demócratas y eso aplica para todos, para quienes ganan y para quienes pierden una elección”.

Otra muestra de que no le quita el sueño si hay o no diálogo con López Obrador, la dio al responder una pregunta sobre si hay tiempo suficiente para un acuerdo con el perredista en relación con el acto de toma de posesión el 1° de diciembre en la Cámara de Diputados, que quieren impedir los legisladores del PRD y el PT.

Dijo estar seguro de que el Congreso cumplirá con su responsabilidad de permitirle tomar posesión en tiempo y forma y en el espacio diseñado para ello. Insistió que él siempre tendrá la mano extendida y la puerta abierta para el diálogo con todos “y, desde luego, con quien fue mi principal contendiente en la campaña electoral”.

Pero, como digo, no le pesa gran cosa si no hay ese acercamiento: “Sin embargo –dijo--, el país tiene que seguir y México va a seguir adelante, México tiene que seguir trabajando y nosotros lo haremos también, independientemente de –lo lamento, desde luego-- la reiterada negativa al diálogo de parte del candidato de la coalición Por el Bien de Todos”.

Insistió: “Lo lamento porque cerrar las puertas al diálogo es cerrarle las puertas a México”.

La pregunta es: ¿qué más hará Felipe para inducir seriamente al diálogo con AMLO? No creo que sea suficiente con lamentarse de la negativa de aquél. ¿Dónde está el político, el negociador, el estadista que quiere ser?

Por si fuera poco, Calderón también dio una probadita de sus ya conocidas fobias hacia personajes internacionales. Más allá de lo anecdótico, lo que importa es resaltar sus descuidos y su imprudencia, que pueden complicar las relaciones de México con el exterior.

Le preguntaron: “¿No le preocupa que no lo hayan llamado para felicitarlo Hugo Chávez y Fidel Castro? Y él, soberbio, dijo: “No, honestamente no”.

Insisto: Empieza mal Felipe.

El retroceso


El retroceso
Por José Gil Olmos

El pasado proceso electoral ha dejado la sensación de que las principales instituciones políticas, electorales y judiciales del país sufrieron un grave retroceso por su actuación durante las elecciones.

Certeza, legalidad, transparencia y confianza son las exigencias que no cumplieron las instituciones encargadas de organizar la elección, pues a lo largo de la campaña fue evidente la ilegalidad en que incurrieron la presidencia de la República, empresarios y hasta la Iglesia católica haciendo proselitismo a favor de Felipe Calderón.

Al final del proceso electoral ni una sola de las actuales instituciones se salva de la crítica por su desempeño realizado antes, durante y después de las campañas electorales. Su descrédito social es más que evidente.

Los partidos perdieron credibilidad, las instituciones judiciales certeza, la Presidencia de la República confianza y las autoridades electorales transparencia.

La crisis en la que nos sume esta elección, en la que resultó triunfante de manera sospechosa Felipe Calderón, es tan profunda que tardará tiempo en salir de ella.Hace seis años, cuando ganó Vicente Fox, las expectativas sociales de un cambio político, social y económico en el país, eran muchas. Pero desde su primer año de gobierno, el ranchero guanajuatense dio señales de un fracaso predestinado por una incapacidad de gobernar manifiesta.

Fox nunca intentó cambiar las estructuras de poder con las que gobernó el PRI por siete décadas. Dejó intacto el sistema corporativo de sindicatos, sobre todo el de los maestros, dirigido por Elba Esther Gordillo, a la postre su principal socia política.

Tampoco tocó la ley electoral con tal de aprovecharse de ella en el momento más propició, y no movió un dedo para tapar los hoyos legales por donde se escapa la corrupción gubernamental e, incluso, fue permisible para que se aprovecharan de ellos los hijos de su esposa Marta Sahagún, hoy los nuevos ricos del foxismo.

Fox perdonó los crímenes del pasado e indultó políticamente a los principales culpables de la guerra sucia de los setenta, sobre todo al expresidente Luis Echeverría Alvarez.

También dejó libre al personaje que, para muchos mexicanos, reencarna la corrupción política, Raúl Salinas de Gortari, pues no obstante que existían pruebas de su enriquecimiento inexplicable no hizo nada para mantenerlo detrás de las rejas. Y en su sexenio salieron libres otros personajes empalmados con la corrupción, como Ángel Isidoro “El Divino”, Gerardo de Prevosin, Carlos Cabal Peniche, Jorge Lankenau y Oscar Espinosa Villarreal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue otra de las instituciones que perdió credibilidad, sobre todo cuando los magistrados aprobaron el anatocismo que no es otra cosa que la usura de los bancos hasta entonces prohibida por la ley. Bajo la mirada complaciente de los jueces, los bancos pudieron cobrar los intereses que, sobre intereses, venían generando miles de ciudadanos afectados por el crack de 1995-1996.

La Procuraduría General de la República tampoco cumplió con las esperanzas ciudadanas, y junto con la nueva Secretaria de Seguridad Pública, mostró su porosidad a la corrupción cuando “El Chapo” Guzmán salio de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande ¡en un carrito de comida!

El Instituto Federal Electoral, que tanto trabajo costó para su creación como instancia ciudadana apartidista destinada a organizar los procesos electorales con transparencia y confianza, fue echada a perder por los actuales consejeros, presididos por Luis Carlos Ugalde. Todos los consejeros fueron elegidos en una negociación entre Elba Esther Gordillo y el panista Germán Martínez, de tal manera que sus intereses estaban supeditados más a los partidos políticos o a los personajes que a los del propio instituto electoral. Su actuación en el tiempo de campaña dejó mucho que desear, sobre todo en la permisividad a la intervención del presidente Vicente Fox y de los empresarios apoyando a Felipe Calderón.

Mientras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la última instancia en la que se tenía una esperanza para enderezar el proceso electoral, dictaminó su sentencia desdeñando lo que la mayoría vio en las pantallas de televisión: la intervención del poder presidencial y empresarial. Aunque reconoció que habían participado ilegalmente, poniendo en “peligro” el desarrollo de la competencia, al final los magistrados dijeron que no habían incidido en el resultado final. De esta manera convalidaron la ilegalidad, pues en futuras elecciones cualquier poder gubernamental o empresarial podrá violar la ley e intervenir directamente en el desarrollo de las elecciones, pues sabrán que no habrá castigo alguno.

La desconfianza alcanzó también a los medios, sobre todo a algunos como Televisa, la mayoría de las estaciones de radio, y periódicos como Reforma que jugaron un papel de voceros del candidato presidencial del PAN, en lugar de informar imparcialmente.

El vacío que genera la desconfianza institucional producida por el gobierno de Fox y la elección que gana Calderón, es profundo. Pronto veremos el pago que tendrán que hacer el michoacano por las alianzas que hizo con los gobernadores del PRI, con la maestra Elba Esther Gordillo, con los empresarios más fuertes –entre ellos Televisa—y, sobre todo, con los representantes de la derecha más conservadora del país.

De ese tamaño será el retroceso; ese será el precio de su victoria.

El peso de la ingobernabilidad


El peso de la ingobernabilidad
Por Gerardo Albarrán de Alba *

México parece encaminarse por la misma ruta que en enero de 2000 le costó la Presidencia de Ecuador a Jamil Muhamad; o la de Argentina, a Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001; o la de Bolivia, a Javier Sánchez Lozada, en octubre de 2003. Las movilizaciones y la presión popular en estos países derrumbaron a mandatarios democráticamente electos y parecieron interrumpir procesos de normalización institucional construidos durante las últimas dos décadas en Latinoamérica, pero vistos con más atención eran todo lo contrario: fueron expresiones sociales de reclamo por la profundización de la democracia.

En nuestro país, ahora, la movilización provocada por la sospecha latente de fraude electoral amenaza con impedir que el nuevo presidente siquiera tome posesión del cargo el próximo 1 de diciembre, y aun si el panista Felipe Calderón lograra colocarse la banda presidencial y rendir protesta ante el Congreso de la Unión –cuya representación eventualmente podría reducirse sólo al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, facultado para ungirlo presidente constitucional hasta escondidos en un baño–, no pocos prevén ya que difícilmente podría terminar su mandato de seis años al frente del Poder Ejecutivo federal.

Así, mientras otros países latinoamericanos padecen crisis de gobernabilidad, en México la ingobernabilidad parece evidenciar una crisis de democracia como régimen político. Aquí sí están en duda las instituciones democráticas, porque fueron éstas las que sometieron un proceso político de transición a intereses mezquinos, al extremo de recurrir burdamente a las peores expresiones del autoritarismo que, en lugar de sepultarlas, las expropiaron para mantenerse en el poder al menos otro sexenio.

La Presidencia de la República, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eran los responsables directos –aunque con diverso alcance– de garantizar la normalidad democrática en la primera sucesión en la era post-priista. Ninguna de estas instituciones estuvo a la altura. El presidente Vicente Fox utilizó hasta la obsesión todos los recursos a su alcance –la mayoría ilegales–, pero no para apoyar al candidato de su partido –que nunca fue el suyo–, sino para impedir que llegara al poder Andrés Manuel López Obrador, ese dirigente populista de centro-izquierda que amenazaba al corporativo en que Fox convirtió al gobierno de la República, y que cooptó al Consejo Ciudadano del IFE –en contubernio con el PAN y con el PRI–, sometiéndolo a las directrices de intereses ajenos a la transparencia, legalidad, imparcialidad y certidumbre que debían cumplir.

Y el Tribunal Electoral optó por un formalismo jurídico que, en lugar de despejar las dudas sobre el fraude electoral, extendió un certificado de impunidad a los excesos e ilegalidades del poder político y del poder económico para éste y para futuros comicios.

De los partidos políticos, poco que agregar a su desprestigio. Es cierto que el PRD compitió con reglas de juego que obligaban a todos porque debían servir para la toma de decisiones colectiva y la resolución de conflictos, pero también es cierto que esas reglas –que no son otra cosa que las propias instituciones– fueron aplicadas en su contra. Esto no justifica los errores de campaña cometidos por la coalición Por el Bien de Todos y su candidato –incluyendo la falta de previsión para documentar el fraude que hoy denuncian, si es que lo hubo–, ensoberbecidos por una victoria que daban por cierta desde antes de someterse al escrutinio ciudadano del voto, pero explica el encono que alimenta su protesta. El PAN y el PRI renovaron el espíritu de las concertacesiones y se reparten canonjías.

En suma, el país está inmerso en la mayor crisis de gobernabilidad de los últimos 40 años, sin asideros institucionales operables y con un tejido social en descomposición.

Existen actores estratégicos en México con la capacidad –es decir, con los recursos de poder suficientes para obstruir el funcionamiento de las instituciones– y que operan con la intención real de socavar la gobernabilidad del país, que se pretendía democrática, y estamos viendo que no lo es, pues no se rige por valores democráticos. Durante décadas, México tuvo gobernabilidad, pero no democracia, y funcionó a fuerza del autoritarismo presidencialista que caracterizó a los 72 años de gobiernos de la Revolución institucionalizada.

Ahora tiene una parodia de democracia, y se le acabó la gobernabilidad, pues los partidos y las instituciones se disputan el poder basados en el clientelismo y el patrimonialismo, no en valores democráticos; los conflictos se trasladaron a las calles –como en Oaxaca y en el Distrito Federal– al carecer de un eficaz marco necesario para su resolución, y el crimen organizado se disputa como botín un país que precisamente dejó de lado la construcción institucional que garantizara mínimamente el equilibrio social, empleos bien remunerados, justicia imparcial y seguridad para todos.

En tanto, la ciudadanía no cree que ninguna de sus instituciones políticas pueda satisfacer sus demandas y, sobre todo, sus necesidades, y eso se expresa en la división electoral en tres tercios casi iguales: los que votaron por un cambio real en las relaciones de poder político, económico y social, representado por López Obrador; los que votaron por que nada cambiara –que fue el único terreno que el gatopardismo de Fox verdaderamente le abonó a Calderóny el resto, que desperdició su voto en las inercias autoritarias que representa el PRI y sus desprendimientos o en las franquicias políticas que no tienen una razón programática para existir, sino que se disputan una parte del presupuesto para medrar.

Tienen razón quienes dicen que López Obrador en realidad no mandó al diablo a las instituciones, porque las instituciones ya se habían ido al diablo desde mucho antes, incapaces de contener y procesar pacíficamente los conflictos.

México se convulsiona por mucho más que un mero drama republicano. La movilización poselectoral en la Ciudad de México, la violencia de la crisis política y social en Oaxaca, las ejecuciones diarias por todo el país –cada vez más brutales–, el desprestigio de los partidos políticos y la desconfianza ciudadana en las instituciones fundamentales del país, ponen en tela de juicio todo el equilibrio institucional de nuestro sistema político y evidencian la urgencia de un nuevo pacto social que nos permita construir de una buena vez el modelo de gobernabilidad democrática que nos permita construir un proyecto común.La disputa, por el momento, no es hacia dónde se dirigirá ese nuevo pacto, sino desde dónde.

* Gerardo Albarrán de Alba, coordinador de proyectos académicos de la revista Proceso. ( albarran@proceso.com.mx)